LA CRISIS EUROPEA

Dos comunicados emitidos la semana pasada tras la reunión a cuatro bandas en Roma entre los líderes alemán, francés, italiano y español capturan la esencia de la crisis del euro y muestran por qué una solución es a día de hoy tan lejana como siempre.

En respuesta a las últimas demandas para que se permita a los fondos de la zona euro recapitalizar directamente a los bancos españoles, la canciller alemana Angela Merkel dijo: "Si doy dinero a los bancos de España, yo soy la canciller de Alemania, pero no puedo decir qué hacen los bancos". Más tarde, al presidente francés, François Hollande, se le preguntó por su voluntad de aceptar una mayor integración política como peaje por compartir la carga de la deuda, y él respondió: "No puede haber una transferencia de soberanía si no hay una mejora en solidaridad". Al fin y al cabo, este debate se reduce a si Alemania debe firmar cheques en blanco.

No hay ninguna posibilidad de que este debate se resuelva en la cumbre de líderes europeos de esta semana. El sistema financiero de la eurozona está hecho añicos, la confianza se está evaporando, la demanda se está agotando y los depósitos se escapan de los bancos. Existe un consenso internacional sobre las medidas que se necesitan para frenar la crisis de forma inmediata: compra masiva de bonos por parte del Banco Central Europeo, la recapitalización directa de los bancos y la creación de bonos de la eurozona.

Pero ninguna de ellas se aprobará seguramente en la reunión del Consejo de Europa del miércoles y el jueves. Las expectativas son bajas y probablemente no se superarán, según afirman fuentes cercanas a las preparaciones de la cumbre. Como mucho, los líderes podrían acordar un calendario para la supervisión conjunta de los bancos de la zona euro. Útil, pero no suficiente para satisfacer a los mercados.

La sabiduría convencional culpa a Alemania y a su líder de este punto muerto. Merkel se ha visto sermoneada por líderes mundiales, atacada en la prensa escrita y ridiculizada en las portadas de las revistas por decir "nein" a un fondo común de deuda de la eurozona para, en su lugar, centrarse en reformas a largo plazo. Por insistencia de Merkel, gran parte de la cumbre de esta semana se ocupará en debatir las propuestas de los presidentes del Consejo de Europa, la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo respecto a la unión bancaria, fiscal y política. Esta agenda, en detrimento de Merkel, se centra en prevenir la siguiente crisis en lugar de solucionar la actual.

Pero la idea de que la eurozona puede unificar la deuda sin sacrificios de soberanía es una ilusión peligrosa. Crear una unión fiscal y bancaria sin una unión política multiplicaría los errores originales cometidos en la creación de la unión monetaria. Y hay un país que históricamente dijo no a la cesión de soberanía que podría haber puesto a la eurozona en una senda más estable a largo plazo: Francia.

Francia siempre ha sido reacia a ceder soberanía a la Unión Europea. Prefiere soluciones intergubernamentales y no supranacionales a los desafíos europeos, lo que refleja su larga trayectoria como estado centralizado. Es por ello que la eurozona se diseñó mayormente siguiendo el patrón francés, como un club de países soberanos.

En teoría no era un mal plan: un regla de no rescate y una prohibición de que el BCE financiase a los gobiernos para obligar a los gobiernos a gestionar su economías con prudencia. Desgraciadamente, este plan no sobrevivió al contacto con la realidad. Los gobiernos no gestionaron las economías prudentemente durante los años de bonanza y ahora no quieren o no pueden corregir las debilidades económicas. Sin embargo, si ahora Francia cree que la respuesta a la actual crisis es una unión monetaria donde se compartan las responsabilidades de las deudas, entonces se entiende que es necesario un nuevo conjunto de acuerdos políticos en los que también se comparta la responsabilidad por las decisiones en materia económica. El modelo intergubernamental en el que una moneda es respaldada por 17 naciones soberanas está obsoleto.

Nada en la historia del euro sugiere que la oferta de cheques en blanco, tanto por parte del BCE como por parte de fondos de rescate, harán otra cosa que comprar tiempo, un tiempo que se derrochará en lugar de utilizarse para corregir los profundos problemas estructurales que emergen de mercados laborales inflexibles, burocracias ineficientes y sistemas de bienestar inasequibles.

Grecia ha fracasado en implementar muchas de las reformas estructurales acordadas como condición a sus dos rescates. El intento de reforma de Italia se quedó sin fuelle rápidamente en el momento en que el BCE hizo su oferta de préstamos a bajo costo y de largo plazo, mientras que España ofreció sólo una reforma a medias de su sistema bancario. Incluso cuando los gobiernos intentan actuar de forma impecable, los votantes pueden tener otras ideas. Ningún titular ha sido reelegido para el cargo desde el comienzo de la crisis. El nuevo gobierno griego se ha comprometido a no despedir a ningún funcionario, a pesar del compromiso del anterior ejecutivo de recortar 150.000 empleos públicos hasta 2015. Mientras, Hollande ganó las elecciones apoyándose en un mensaje de no hacer ninguna concesión a los profundos desafíos estructurales de la economía francesa, prometiendo bajar la edad de jubilación de los 62 a los 60 para algunos trabajadores, introduciendo un nuevo impuesto para los ricos y dificultando aún más el despido.

En este contexto político disfuncional, no tiene sentido que Alemania o el BCE acepten crear un fondo común de deuda, incluso asumiendo que los obstáculos legales se pudiesen superar rápidamente. A los mercados no se les puede engañar por mucho tiempo si no hay un robusto mecanismo que garantice que los países están abordando sus problemas de solvencia y/o asumiendo pérdidas en caso de que no se pueda resolver el problema de la deuda.

Los que piden acciones inmediatas podrían tener razón en que las pérdidas recaerían básicamente sobre los acreedores en forma de mayor inflación y transferencias fiscales, ya que la alternativa de obligar a los ciudadanos de países endeudados a asumir el costo de los ajustes es políticamente imposible y probablemente llevaría al colapso del euro. Sin embargo, esto no puede decidirse sigilosamente: el reparto de pérdidas es un acto de violencia contra el derechos de la propiedad individual. Sólo un organismo supranacional con un elevado nivel de confianza pública puede decidir, por ejemplo, qué proporción de las pérdidas del sector bancario español debe ser asumido por pensionistas eslovacos en lugar de por los inversionistas, gestores y trabajadores de esos bancos. El reparto de las pérdidas de cualquier otra manera sería una receta para la inestabilidad política y financiera a largo plazo.

Hollande está equivocado: el debate sobre la soberanía no es un asunto de la periferia. Está justo en el centro del debate sobre la solidaridad. Y Francia es el mayor obstáculo para encontrar una solución.