ALGO DE CALMA DESPUES DE LA TORMENTA

El recién nombrado primer ministro griego, Antonis Samaras, anunció el jueves que el objetivo del gobierno de coalición del país es revisar las condiciones del segundo programa de rescate sin poner en peligro la permanencia de Grecia en la eurozona.
En un comunicado emitido poco después del nombramiento del consejo de ministros, Samaras aseguró que el gobierno tripartito que él lidera respetará los compromisos que Grecia adoptó con sus acreedores internacionales a cambio de una línea de crédito de miles de millones de euros mientras trabaja para sacar al país de la crisis.


"El objetivo es gestionar la crisis, abrir el camino del crecimiento y revisar el memorando [del préstamo] sin poner en riesgo el curso del país dentro de Europa o su presencia en el euro", afirmó Samaras, que lidera el partido conservador Nueva Democracia.

"Y por supuesto, [todo ello] sin poner en duda los obvios objetivos de cancelación del déficit presupuestario, control de la deuda e implementación de cambios estructurales que el país necesita".

El acuerdo para formar coalición llegó tras unas reñidas elecciones generales el pasado 17 de junio en Grecia --los segundos comicios en menos de dos meses--, que eran ampliamente consideradas un referéndum sobre el programa de rescate y, por consiguiente, sobre el futuro de Grecia en la zona euro.

Aunque Nueva Democracia consiguió el mayor número de votos, no controlaba los suficientes escaños y tuvo que buscar socios para formar una coalición que controlase una mayoría de los 300 diputados del parlamento griego. Junto a los socialistas e Izquierda Democrática, la coalición controla 179 escaños.

Así mismo, la coalición acordó el jueves que no llevará a cabo despidos en el sector público, pero tiene previsto reducir su tamaño mediante un plan de jubilación, informó el portavoz de Izquierda Democrática, Andreas Papadopoulos.

"Los tres partidos acordaron no realizar despidos en el sector público y reducir su tamaño mediante jubilaciones", dijo.

Recortar el tamaño de la administración pública es una de las principales exigencias de los acreedores internacionales de Grecia para que el país disminuya sus costes y cumpla sus objetivos de déficit público.